La emergencia del positivismo en Chile
*
Miguel Vicuña Navarro
Constituye un tópico común en el que suele encontrar fácil refugio cierta unanimidad de opiniones acerca de la historia cultural latinoamericana el reconocer el extenso y decisivo influjo que en América Latina ejerció el positivismo en la esfera política, educacional y cultural. Desde mediados de la década de 1860 y, en algunos casos como el Brasil, basada en los contactos directos que algunos intelectuales tuvieron con la enseñanza de Comte en las dos décadas precedentes, la introducción de la filosofía positiva que elaborara y diera a conocer en la primera mitad del siglo XIX el célebre filósofo francés, proporcionó a muchos políticos e intelectuales latinoamericanos un fundamento argumental para la consolidación de las repúblicas latinoamericanas, la modernización y laicización del Estado, la expansión de la educación pública, la industrialización y la modernización de la sociedad. En tanto en México, con figuras intelectuales como Gabino Barreda, Porfirio Parra, Justo Sierra y Agustín Aragón, el positivismo estuvo inicialmente vinculado, desde su irrupción en la década de 1860, al programa reformista de los liberales agrupados en el régimen de Benito Juárez, y, en las dos décadas siguientes, al programa modernizador de la etapa inicial del porfiriato, en Brasil, bajo la inspiración de intelectuales reformistas y republicanos como Luis Pereira Barreto, Benjamin Constant Botelho de Magalhaes y Rui Barbosa, hacia la década de 1860, y de los fundadores de la Iglesia Positivista brasileña, Teixeira Mendes y Miguel Lemos, en las dos décadas siguientes, el movimiento positivista aparece ligado al proceso del nacimiento y fundación de la República, que culminó en 1889. En Argentina, desde el influjo inicial de Piero Scalabrini, en la década de 1870, y las enseñanzas de su discípulo J. Alfredo Ferreira, en las décadas siguientes, el movimiento se encauzó hacia la reforma y modernización de la educación, siguiendo la huella de Domingo Faustino Sarmiento. En Chile, bajo la tutela de los maestros liberales del Instituto Nacional, Diego Barros Arana, Miguel Luis Amunátegui y José Victorino Lastarria, el positivismo emerge en la década de 1870 con figuras como los hermanos Jorge y Juan Enrique Lagarrigue, Valentín Letelier, Juan Serapio Lois, Benjamín Dávila, Manuel Antonio Matta y algunos otros. Esta corriente plantea reformas de la Constitución, la modernización del Estado, la separación de la Iglesia y el Estado, la expansión de la educación pública y la industrialización, entre otros aspectos de un ideario republicano y laicista de tendencia liberal. Sin embargo, este lugar común del conocimiento sobre el positivismo latino-americano, para el que es posible encontrar ilustración en muchos otros países del continente (Perú, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Cuba, entre otros), no suele dar paso a una interpretación histórico-crítica o histórico-filosófica acerca del sentido y función societariamente estructurales del discurso positivista latinoamericano, es decir, al examen de su conexión de sentido con las configuraciones de poder político-institucionales, económicas, sociales y culturales en que descansa su carácter enunciativo. A lo sumo, el historiador o estudioso se contenta con reseñar la extensión del "influjo del positivismo" hasta las primeras décadas del siglo XX y aun más acá, por la vía de amplificar indefinidamente su concepto hasta hacerlo sinónimo de liberalismo, reformismo, progresismo, es decir, modernismo.
En la exposición que sigue me contraeré a un examen del positivismo chileno considerado únicamente en el momento de su emergencia discursiva en el campo político-intelectual. Intentaré luego sugerir algunos elementos capaces de iluminar sus condiciones de enunciación y su conexión de sentido con ciertos aspectos de la configuración societaria. He de señalar preliminarmente que por "positivismo chileno emergente" o expresiones análogas entenderé un sistema discursivo caracterizado por el empleo de motivos ligados a la "filosofía positiva" de Comte y por su inclusión en un campo enunciativo de carácter confrontacional cuyos visibles antagonistas son los programas de reforma y modernidad de la política liberal, por una parte, y, por otra, los esquemas de resistencia, con frecuencia marcadamente agresivos, de una política tradicionalista simbolizada por la Iglesia y asumida y amparada por un catolicismo militante. La "emergencia" del positivismo, por tanto, consiste en la operación de introducir la "filosofía positiva" de las escuelas comteana y afines en el referido campo polémico, como un recurso argumental en favor de aquellos programas de reforma o modernidad. Por lo demás, con el objeto de encaminar la consideración hacia las conexiones de sentido que dicho discurso guarda con las configuraciones societarias, resulta necesario, a mi modo de ver, retener las contingencias históricas más significativas que permiten esbozar, provisionalmente, el horizonte societario en el que se articula el sentido de ese discurso emergente. Estas son, según creo, el proceso de expansión y auge de la política impulsada por los partidos liberales desde la década de 1860, proceso señalado por su participación continua en el gobierno, iniciada luego de la conmoción social que se expresara durante la guerra civil de 1859; la guerra interna de agresión y exterminio de la nación mapuche iniciada en la década de 1870 y conocida con el fatídico nombre de “pacificación”; el desarrollo de la conflagración internacional con el Perú y Bolivia en torno a los yacimientos salitreros de Atacama y Tarapacá, en los que estaban involucrados intereses británicos y alemanes, y la que se extendería desde 1879 hasta 1884, ocasionando efectos perdurables en la sociedad chilena, no menos que en la peruana y boliviana; la sangrienta guerra civil de 1891, que impondría un freno al proceso modernizador de la época liberal. Lo que exponemos a continuación ofrece tan sólo una reseña de la emergencia del discurso positivista en Chile e intenta destacar algunas de sus condiciones enunciativas.
Una confrontación entre programas de modernidad y esquemas de resistencia tradicionalista acúsase en Chile, al menos, desde los inicios del siglo XIX, y parece vincularse en mayor o menor grado al proyecto de formación de la Republica entendido como proceso de ruptura con el régimen indiano. No cabe duda que muchos de esos programas alcanzaron una incorporación institucional, particularmente aquellos que se asociaron a la elaboración de un "plan de educación nacional" visiblemente inspirado en la Revolución Francesa y en los programas de la Convención. En este sentido, resulta ejemplar la reforma de la Universidad borbónica a través de la creación e instalación del Instituto Nacional en 1813-1819, la que daría origen a la fundación de la Universidad de Chile en 1842. La historia de aquellos programas es la historia de las resistencias que muchos de ellos suscitaron en los sectores tradicionalistas vinculados a la continuidad católico-colonial. La emergencia del positivismo, en mi concepto, representa una inflexión importante en la elaboración y eficacia de dichos programas de reforma y tiene como antecedentes la confrontación entre "pipiolos" y "pelucones" en las décadas de 1820-1830, no menos que la irrupción, en las décadas de 1840-1850, del liberalismo “romántico” y el reformismo de aquellos intelectuales que Vicuña Mackenna denominara los girondinos chilenos.
La emergencia del positivismo consiste en la introducción de la filosofía positiva como arma ideológica en un campo enunciativo en el que se confrontan los programas de modernidad sostenidos por las tendencias liberales con las posturas conservadoras de los sectores católicos y eclesiásticos. Los antecedentes de la confrontación polémica entre los programas de modernidad y las resistencias colonial-católicas se remontan a los inicios del siglo XIX y aun antes, mas, para la consideración del período que nos concierne —que se extiende desde la década de 1860 hasta la crisis de 1891 y sus prolongaciones en las postrimerías del siglo XIX y las primeras décadas del XX— han de tenerse en cuenta algunos acontecimientos que parecen articular la emergencia del discurso positivista en Chile. En éste, por lo demás, cabe reconocer una distribución de sujetos y actores que comprende, por una parte, un núcleo formado por los principales cultores y propagandistas de la filosofía positiva tal se la conoce en sus fuentes más visibles (léase Comte, Littré, Stuart Mill) —a saber, José Victorino Lastarria, Jorge Lagarrigue, Juan Enrique Lagarrigue, Luis Lagarrigue, Valentín Latelier, Juan Serapio Lois— y, por otra, una extensión constituida por un sector más difuso de actores ligados a los partidos liberal, radical y otros —Diego Barros Arana, Miguel Luis Amunátegui, Domingo Santa María, Benjamín Dávila, Manuel Antonio Matta, Guillermo Matta, Guillermo Puelma Tupper, Vicente Izquierdo, Marcial González, Eduardo de la Barra, Benjamín Vicuña Mackenna, Claudio Matte y algunos otros.
En 1863 Diego Barros Arana asume el rectorado del Instituto Nacional, hecho muy significativo si se atiende a la singular importancia que asumió éste en la primera mitad del siglo XIX, en tanto plataforma institucional para determinados programas de modernidad y escenario de ejercicio de las resistencias e intervenciones de los sectores conservadores y eclesiásticos. Se habría establecido, al parecer, que entre 1864 y 1865 existían dos ejemplares del Cours de philosophie positive de Auguste Comte en la biblioteca del Instituto Nacional, circunstancia imputable con mucha probabilidad al rector Barros Arana, dada su admiración por la teoría progresiva de la historia y por la clasificación de las ciencias de Comte, sobre todo ante la posibilidad de su aplicación para la reforma y modernización de la enseñanza, según diversos indicios y testimonios dignos de crédito. El inicio de la discusión parlamentaria en torno a la reforma del art. 5º de la Constitución de 1833 (a saber, aquel que establece la religión católica como la religión oficial del Estado, excluyendo el culto de otras religiones), de la que resulta, en 1865, si no la reforma del mencionado artículo, al menos la aprobación de una ley interpretativa del mismo que sanciona de hecho la libertad de cultos, marca también el inicio de la recrudescencia de las actividades de la Iglesia y de los sectores conservadores en contra de los programas de modernidad y, muy particularmente, en contra de dicha ley interpretativa, no menos que de la modernización de la enseñanza en el Instituto y de los proyectos legislativos de matrimonio civil y escuelas laicas. Así, en 1869 el arzobispo de Santiago, monseñor Valdivieso, presenta un reclamo formal al ministerio de Culto pidiendo el respeto de la Constitución, la observancia del art. 5º y, por tanto, la recusación de la ley interpretativa, a la vez que emite un edicto en contra de los proyectos de establecer el matrimonio civil y las escuelas laicas, atacando a los impíos (liberales) que, so pretexto de la libertad de cultos, intentan socavar la autoridad espiritual de la Iglesia. La intensificación de la actividad agresiva de los sectores católicos y eclesiásticos acaba personalizándose en el rector del Instituto Nacional, quien se ve forzado a renunciar a su cargo en 1872.
Se pueden señalar los años 1873, 1874 y 1875 como fechas que marcan la primera introducción significativa de la filosofía positiva en el espacio discursivo chileno. Por lo demás, en esa misma década publica Valentín Letelier una serie de artículos en El Constituyente de Copiapó sobre "La vida y doctrina de Emile Littré". En realidad, con la fundación de la Academia de Bellas Letras en marzo de 1873, Lastarria opera la sanción de la introducción del positivismo en el debate literario y político. No sólo porque en las Bases que exponían la constitución y propósitos de dicha Academia se empleara una terminología de visible orientación comteana (véase la Primera de ellas), sino porque la propia Academia en tanto espacio institucional habría de funcionar desde sus inicios como vehículo de la introducción del discurso positivista, al reunir en su círculo a los principales actores de lo que cabría denominar el núcleo positivista (el propio Lastarria, los hermanos Lagarrigue y Letelier). Así, en 1873 lee Lastarria en la Academia trozos selectos de sus Lecciones de política positiva, cuya primera parte ("Teoría social") aparecería publicada en Santiago en 1874. Una segunda edición, complementada con una segunda parte ("Teoría política") y un proyecto de Constitución Política, sería publicada en París en 1875. A ello sigue, en 1875, la publicación por Jorge Lagarrigue de su traducción de las dos primeras lecciones del Cours de philosophie positive de Auguste Comte (Principios de filosofía positiva de Augusto Comte / precedidos de un prefacio por Emile Littré / Traducción de Jorge Lagarrigue / Santiago, Imprenta de la Libreria del Mercurio, 1875). Primera traducción al español de los textos iniciales del célebre Curso de Comte, esta obra —que incorporaba una dedicatoria a la Academia de Bellas Letras, una "Advertencia" y una "Nota" del traductor— fue objeto de una triple sanción. En primer lugar, de Diego Barros Arana y José Victorino Lastarria, quienes junto con Valentín Letelier, Eduardo de la Barra, Juan Serapio Lois, Claudio Matte y algunos otros fueron los suscriptores para su publicación. En seguida, de la Academia de Bellas Letras, en cuyo seno fue presentada la obra. Por último, del propio Emile Littré, quien le dedicara una reseña en su prestigiosa revista La philosophie positive (París, marzo-abril de 1876). Por lo demás, en noviembre de 1875 tuvo lugar en la Academia de Bellas Letras un encendido debate en torno a la filosofía positiva, provocado por la exposición que hiciera el orador cubano Antonio Zambrana en contra de ella; como refutación del discurso de Zambrana, Jorge Lagarrigue pronunció una conferencia en defensa del positivismo ("La filosofía positiva. Algunas palabras en su defensa", en la Revista Chilena, t. IV, 1876, pp. 58-97) que fue coronada con el triunfo por los académicos, especialmente por E. de la Barra y J. V. Lastarria. Aquellos debates tuvieron importante resonancia en la prensa de Santiago y fueron objeto de una reseña de Emile Littré en La philosophie positive (París, 1876). Por otra parte, a partir de 1875 la Revista Chilena, dirigida por Diego Barros Arana y Miguel Luis Amunátegui, proporcionó un soporte para la enunciación del discurso positivista emergente; es así como vemos aparecer en ella, desde 1875 hasta 1880, una serie de artículos de J. V. Lastarria, Juan Enrique Lagarrigue, Jorge Lagarrigue, Vicente Izquierdo, Benjamín Dávila y algunos otros que documentan la emergencia de dicho discurso. Similar función cumplió el semanario El Santa Lucía (1874-1875), fundado para servir de apoyo a la candidatura presidencial de Benjamín Vicuña Mackenna, a la sazón intendente de Santiago.
Paralelamente a estas actividades, en las que se observa un cierto predominio de las diversas tendencias liberales, en la década de 1870 surgen en la ciudad nortina de Copiapó una serie de manifestaciones positivistas que parecen vincularse más estrechamente con las tendencias radicales del liberalismo (y en la especie, con el partido radical). Así, a más de los referidos artículos de Valentín Letelier en El Constituyente y El Atacama de Copiapó, destácanse la fundación de la Sociedad Escuela Augusto Comte por Juan Serapio Lois en 1882 y la publicación de su órgano El positivista, así como las actividades del "Ateneo Amigos de la Ciencia", animado por Letelier y Lois. Este último presidió en varios períodos la asamblea radical de Copiapó y publicó en 1878 su opúsculo Filosofía positiva en el "Primer Cuaderno de la Academia Literaria" de dicha ciudad. Muchas de estas actividades contaron entonces con el soporte editorial del periódico El Atacama (1874-1880) y con algunas prolongaciones en Santiago (por ejemplo, las actividades de la "Sociedad del Progreso" animadas hacia fines de la década por Guillermo Puelma Tupper y Valentín Letelier).
La emergencia del positivismo en las décadas de 1870-1880 tiene lugar, como va dicho, en el interior de un campo enunciativo de carácter polémico en el que se enfrentan las posiciones liberales y las eclesiásticas. Esta confrontación reconoce como uno de sus espacios privilegiados el terreno del discurso legislativo. Así, hacia 1870 se plantea la cuestión de una eventual reforma de la Constitución, lo que explica, entre otros hechos, la aparición del periódico El Constituyente de Copiapó y la elaboración por Lastarria del referido proyecto de Constitución publicado en 1875. El tema de la reforma constitucional está en el debate desde 1865, cuando se discute la reforma del art. 5º y se aprueba la ley interpretativa; mas en la década siguiente no es ya la libertad de cultos el principal objeto de la discordia, sino además una serie de temas que implican una definición de las relaciones entre el Estado y la Iglesia: la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, la supresión / mantenimiento / reducción de la enseñanza del latín, la injerencia y sanción del Estado en la enseñanza que imparten los colegios particulares gobernados por la Iglesia, la cuestión de la llamada "libertad de enseñanza"; la cuestión del fuero eclesiástico; la interpretación del patronato del Estado para la provisión de los cargos eclesiásticos; la separación de la Iglesia y el Estado. Así, en tanto que los organismos eclesiásticos se pronuncian reiteradamente contra la ley interpretativa del art. 5º y, por tanto, contra la libertad de cultos en 1869, el minsiterio de Instrucción Pública propone ese mismo año, en su memoria anual al Congreso, la reducción de la enseñanza del latín, lo que provoca una airada reacción de la Revista Católica que dedica varios artículos a esta cuestión. El tema de la enseñanza religiosa sobre el que había tratado esa misma revista en 1870, se convierte en una de las armas que esgrimen los sectores eclesiásticos contra el rectorado de Diego Barros Arana, agresión que acaba con la dimisión del rector en 1872. Ese mismo año, con ocasión de la fundación de la escuela primaria "Blas Cuevas" de Valparaíso por una logia masónica, la cuestión de la enseñanza religiosa se vincula con la condenación de la masonería, como se manifiesta en la oposición que formuló el gobernador eclesiástico de Valparaíso, Mariano Casanova, al establecimiento de dicha escuela laica, así como en la condena que emitió en 1874 el arzobispo de Santiago, quien, empleando las palabras de Pío IX en su encíclica Etsi multa de 1873, llamó a la masonería "sinagoga de Satanás". Con ocasión de la discusión del proyecto de Código Penal en el Senado, en 1873, proyecto que implicaba la supresión del fuero eclesiástico, no se dejaron esperar la reacción de los obispos en defensa de sus fueros ni los argumentos de la Revista Católica en el mismo sentido. En alguno de ellos, esta revista salió en defensa de la unión de la Iglesia y el Estado, basándola no en un "pacto de alianza", sino en la verdadera ley divina y natural. Por su parte el arzobispo de Santiago se pronunció oficialmente en contra de la separación de la Iglesia y el Estado en un edicto pastoral emitido en noviembre de 1874. En esos mismos años el problema de la enseñanza y sus reformas ocupó un lugar central en los debates. En tanto que el presbítero Joaquín Larraín Gandarillas, decano a la sazón de la facultad de teología, evacuaba en 1873 una Memoria sobre la reforma del bachillerato en humanidades, en la que asumía la defensa de la enseñanza religiosa, la Revista Católica terciaba en el debate abundando sobre la necesidad de esta última, impugnando el exceso de instrucción científica y alzándose en favor de la "libertad de enseñanza" y en contra del Estado docente, el que, al menos como programa, hallábase consagrado en la Constitución de 1833. Tras la salida del ministerio de Instrucción Pública del conservador Abdón Cifuentes, quien había producido en enero de 1872 un decreto sobre libertad de exámenes que eliminaba la injerencia y sanción de la Universidad de Chile y del Instituto Nacional sobre la instrucción que impartían los colegios privados gobernados por la Iglesia, el nuevo ministro José María Barceló decretó en 1873 la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa y revocó en 1874 el decreto de Cifuentes, lo que suscitó una nota del episcopado al gobierno y la condenación unánime de la Iglesia. Ello no impidió, sin embargo, que en 1876 el gobierno produjese un decreto que declaraba optativo el estudio del latín, con lo cual dejaba de constituir éste, juntamente con la enseñanza religiosa, un requisito para la obtención de grados académicos.
A lo largo de la década de 1870 la Iglesia no sólo combatió denodadamente las posturas liberales, sino que reiteradas veces se pronunció además en contra de las posiciones católicas teñidas de liberalismo (el llamado "catolicismo liberal", cuyo máximo exponente fuera Zorobabel Rodríguez). Pero el discurso eclesiástico / católico conoce a la vez en esa década significativas fluctuaciones que parecen derivar de una cierta inconsecuencia doctrinaria, de la contradicción entre su defensa de la unión de la Iglesia y el Estado y su rechazo de las leyes de Indias en que basaba el gobierno desde los inicios de la República su interpretación del patronato del Estado, no menos que de cierta transición que se acusa en el desplazamiento desde posiciones regalistas hacia posturas ultramontanas que, en definitiva, se revelarán compatibles con una laicización del Estado correlativa de la autonomía de la Iglesia. Ello se pone de manifiesto con ocasión de la polémica entre el Cabildo Eclesiástico y el ministro del Culto, Miguel Luis Amunátegui, provocada por el nombramiento del pbro. Joaquín Larraín Gandarillas como Vicario Capitular de la diócesis de Santiago (1878). Mientras el ministro Amunátegui sostenía que, fundándose en el derecho positivo y en la jurisprudencia, tenía el gobierno plenos derechos para aprobar o rechazar la designación del Vicario Capitular, así como para nombrar al Obispo Electo, el Cabildo Eclesiástico alegaba que tal designación era atribución exclusiva suya, puesto que la bula "Romanus pontifex" de 1873 establecía que toda designación para el gobierno de la diócesis debía contar con la aprobación del Papa. En tanto que el ministro Amunátegui señalaba que dicha bula carecía de vigencia en Chile y, por consiguiente, el gobierno había de proceder de acuerdo con los derechos de patronato que le otorgaba el mandato constitucional, el Cabildo Eclesiástico en comunicación al ministerio de Culto de septiembre de 1878 cuestionaba la vigencia de la legislación indiana en que se basaban las relaciones entre Iglesia y Estado, poniendo de esta forma en cuestión las posturas regalistas que la propia Iglesia había asumido hasta entonces.
Por lo menos hasta 1877 el emergente discurso positivista revela, tanto en lo que cabe designar como su núcleo cuanto en lo que puede considerarse como su extensión, una marcada convergencia filosófica y política. Esta se señala por la afinidad de la inspiración liberal de sus actores, por la concordancia en la confrontación con la Iglesia y en la formulación de programas de modernidad relativos a la enseñanza y a la separación de la Iglesia y el Estado, así como por el predominio de una lectura littreana de la obra de Comte, la que, complementada con el conocimiento de algunas obras de John Stuart Mill (particularmente Auguste Comte and positivism), asume el Cours de philosophie positive de Comte como su fuente exclusiva y primordial. Precisamente es este predominio el que empezará a romperse a partir del traslado de Jorge Lagarrigue a París en 1876, su trato directo con los jefes de las dos escuelas positivistas rivales, Emile Littré y Pierre Laffitte, su decisiva ruptura con el primero, su estudio del Système de politique positive y su adhesión a la fase final del pensamiento comteano que hace rematar su sistema en la concepción de una religión universal de la humanidad fundada en la sociología y en la moral. Ello dará lugar, desde 1880 y aun antes, a la formulación de las divergencias filosóficas que dividirán el núcleo de los positivistas chilenos: por una parte, aquéllos que, como Lastarria y Letelier, y asumiendo una postura ecléctica inspirada en Littré y otros positivistas europeos, sólo aceptan del comtismo sus elementos "científicos" y se abren a otras corrientes filosóficas afines; y por otra, aquéllos que, impulsados por Jorge Lagarrigue, adoptan el conjunto del sistema comteano con un celo ortodoxo (Juan Enrique Lagarrigue, Luis Lagarrigue, Guillermo Puelma Tupper, Juan Serapio Lois).
Jorge Lagarrigue se traslada a París en mayo de 1876 para seguir allí estudios de medicina. Traba inmediatamente contacto con el eminente "maestro" Emile Littré, autorizado expositor de la doctrina positivista, pero, decepcionado, muy pronto rompe con el célebre sabio. Se aproxima a la escuela ortodoxa de Pierre Laffitte, sucesor y ejecutor testamentario de Auguste Comte, y se inicia en el estudio del Système de politique positive. Tras su adhesión en 1877 al así llamado "positivismo religioso" (es decir, la concepción sociológica y moral de una religión universal de la humanidad con fundamento en la ciencia), Jorge Lagarrigue interviene en la iglesia positivista laffittiana y en la crisis que se declara en ésta con la salida de Georges Audiffrent, Eugène Sémérie y la del jefe de los positivistas ingleses, Richard Congreve (1878). Aunque comparte muchas de las críticas de éstos a Laffitte, decide no abandonar la Iglesia positivista de París por evitar su disolución. En 1879 se une en amistad al positivista brasileño Miguel Lemos, con quien comparte similares puntos de vista respecto de la doctrina comteana y las deficiencias del laffittismo. De este encuentro y amistad derivará la estrecha conexión entre los positivistas religiosos brasileños y chilenos, así como el vínculo entre lo que serán más tarde la Iglesia positivista del Brasil (1881) y la Iglesia positivista de Chile (1884) —esta última convertida más tarde, en 1892, en Sociedad Positivista de Chile por Luis Lagarrigue. Documento indispensable para conocer la evolución de Jorge Lagarrigue durante su primera permanencia en París (1876-1883) es su Diario Intimo. 1874-1883, de inapreciable valor, por lo demás, como testimonio de esa década. Similar interés reviste la Correspondencia (1876-1880) entre Jorge y Juan Enrique Lagarrigue, que documenta una ardorosa polémica en torno al "positivismo religioso" que el segundo rechaza rotundamente hasta 1880, año en que viaja a París, se inicia en el conocimiento del Système de politique positive y acaba adhiriendo a la concepción social y religiosa que Comte formula en esta obra. Dicho epistolario, no menos que el encuentro que Valentín Letelier y Jorge Lagarrigue sostienen en París en 1882, constituye el primer documento de la divergencia filosófica que dividirá al núcleo positivista en la década de 1880.
Si la primera mitad de esta década señala el aflorar de la divergencia filosófica en el núcleo positivista, la que parece ser correlativa de un desplazamiento del conjunto del discurso positivista hacia posiciones más próximas del radicalismo, ella conoce a la vez una marcada renovación de las actividades de aquella tendencia y una mayor extensión de sus soportes editoriales: a las publicaciones arriba mencionadas de la década de 1870, entre las cuales debe citarse además el periódico El Ferrocarril, vienen a agregarse, junto a éste, los periódicos de tendencia radical El atacameño (1881-1884) de Copiapó, El Heraldo (1881), La Epoca (1881-1884), La lectura (1883-1885), Los lunes (1883) y La libertad electoral, de Santiago. Es la época en que, bajo el gobierno del presidente Domingo Santa María, ligado él mismo a la emergencia del positivismo en la década anterior, entra en una fase aguda el conflicto entre la Iglesia y el Estado. En 1882 las relaciones entre el gobierno y la jerarquía eclesiástica alcanzan su máxima tensión, provocándose la suspensión de relaciones diplomáticas entre la República de Chile y la Santa Sede. El nudo del conflicto está en la vigencia del patronato del Estado, que el gobierno defiende en cuanto mandato constitucional y, por tanto, parte integrante de la soberanía nacional, y que la Santa Sede y la jerarquía eclesiástica interpretan de forma contraria al gobierno, inspirándose en el Syllabus y en las encíclicas antiliberales de Pío IX y León XIII. La controversia estalla con la negativa del obispo de La Serena a pedir autorización oficial para ausentarse del país, a lo que el gobierno replica prohibiendo al prelado que hiciese abandono siquiera de su diócesis. Como represalia a las actitudes de insumisión al patronato por parte de diversos dignatarios eclesiásticos, el gobierno decreta la supresión de las dotaciones y sueldos fiscales destinadas a los vicarios capitulares de Ancud y Valparaíso. La ruptura con el Vaticano se produce tras la expulsión por el gobierno del Legado pontificio Celestino Del Frate, cuya misión en Chile tenía por objeto intervenir en el conflicto relativo a la sucesión en el arzobispado de Santiago, reiterando la negativa pontificia a que fuese nombrado en ese cargo el obispo Taforó. Tal es el clima de tensiones en el que se producen los debates parlamentarios y las polémicas de prensa en torno a los proyectos de "leyes laicas" (cementerios laicos, matrimonio civil, registro civil) y de reforma constitucional (relativa a las relaciones entre Iglesia y Estado y a la eventual separación de ambos poderes) en los años 1883 y 1884. La agresiva campaña de la jerarquía eclesiástica y de los sectores católicos contra estos proyectos legislativos no sólo se expresa a través de El estandarte católico y El independiente, sino, en lo que respecta al proyecto de ley de cementerios laicos presentado a la Cámara de Diputados por Enrique Mac-Iver en 1877 y cuyo debate se inició en el Senado en junio de 1883, mediante macabras exhumaciones de cadáveres para evitar su "contaminación" con los cuerpos de los excomulgados, a las que pone fin un decreto gubernamental que prohibió tales acciones. Tras la promulgación de la ley de cementerios laicos en agosto de 1883, el Vicario Capitular de Santiago, Joaquín Larraín Gandarillas, dictó un decreto de execración de los cementerios estatales y municipales que los declaraba malditos e impedía a los párrocos otorgar los permisos para sepultar en ellos. La oposición católica al proyecto de ley de matrimonio civil, cuyos debates se inician en la Cámara de Diputados en agosto de 1883, se expresó con pareja vehemencia. Ese mismo año la jerarquía eclesiástica formuló en una Pastoral Colectiva la posición oficial de la Iglesia sobre el matrimonio, estableciendo que todo matrimonio celebrado fuera de las prescripciones canónicas sería nulo y constituiría mero concubinato. No obstante tal oposición, la ley fue promulgada en enero de 1884. En la discusión y producción de estas "leyes laicas" y, sobre todo, en el debate del proyecto de reforma constitucional presentado por Vicuña Mackenna al Senado en agosto de 1883, reforma que constituía el necesario complemento de aquellas leyes civiles y que implicaba la separación total de la Iglesia y el Estado por la vía de la abolición del régimen del patronato, pónese de manifiesto una marcada divergencia entre las tendencias independientes del liberalismo y radicalismo doctrinarios y aquellos otros sectores ligados a la línea gobiernista de la alianza liberal-radical. En tanto que los segundos, en su sostén a la acción del presidente Santa María y de su ministro del Interior, José Manuel Balmaceda, conténtanse con la aprobación de las "leyes laicas" como medio de resolver los conflictos entre la Iglesia y el Estado, rehuyen toda agudización de la controversia, se manifiestan contrarios a la separación total y son partidarios de mantener la vigencia del patronato del Estado, los primeros, sostenidos por Benjamín Vicuña Mackenna, el soporte editorial de El Ferrocarril y el grupo parlamentario radical de Enrique Mac-Iver y Francisco y Guillermo Puelma Tupper, proponen como solución única y definitiva la separación total de la Iglesia y el Estado. La aprobación en agosto de 1884, en lugar del proyecto de Vicuña Mackenna, del contraproyecto gubernativo que, dejando intactos el régimen del patronato y la subvención fiscal al culto católico, mantenía la unión de ambos poderes y se reducía a modificar los art. 5º, 8º y 102º que afectaban la declaración de la religión católica como la oficial del Estado, el juramento presidencial y la institución del delegado eclesiástico en el Consejo de Estado, fue considerada como una derrota del liberalismo por los liberales y radicales doctrinarios.
A la confrontación de concepciones filosóficas entre Valentín Letelier y Jorge Lagarrigue a comienzos de la década de 1880 corresponde la diversidad de sus intereses y de su actuación a lo largo de ese período. En tanto que Valentín Letelier, desde que asume el puesto de secretario de la Legación de Chile en Berlín en 1881, dedica toda su atención al estudio de la modernización de la enseñanza apoyándose en el sistema pedagógico alemán, Jorge Lagarrigue, secundado por sus hermanos Juan Enrique, Carlos y Luis, inicia tras su regreso (transitorio) a Chile en 1883 una renovación de las actividades positivistas doctrinarias, fundando en 1884 la Iglesia positivista de Chile. En Berlín interviene Letelier en los planes de inmigración del gobierno y publica en 1883 en Alemania un folleto destinado a favorecerlos (Chile en 1883); asimismo, entrega al gobierno sus informes sobre el modelo pedagógico alemán ("Las Escuelas de Berlín", en 1883, y "La instrucción secundaria y universitaria de Berlín", escrito en colaboración con Claudio Matte y publicado en 1885). Debe señalarse que estos trabajos estén en el origen de la fundación del Instituto Pedagógico (1888): Letelier era consejero del gobierno y del ministerio que decidió su creación, y la contratación de profesores alemanes para ese centro de estudios no fue ajena a sus vinculaciones en Alemania. La importante labor modernizadora de inspiración "positivista" que inició el Instituto Pedagógico, centro que pasó a depender de la Universidad de Chile en 1891, debe ponerse en relación con las concepciones pedagógicas de Letelier formuladas en su obra Filosofía de la Educación (1892). Por su parte, no me parece injustificado el ver en la creación de la Universidad Católica de Chile, en 1888, una reacción católica modernizante que tiene lugar en el contexto de un avance de las posiciones laicistas y progresistas en la campo de la educación.
El regreso a Chile de Juan Enrique Lagarrigue (1882) y Jorge Lagarrigue (1883) marca el inicio por ambos de una actividad de propaganda de las concepciones sociales y religiosas del comtismo doctrinario que se ejercerá tanto en el campo del movimiento positivista internacional y de la situación política europea y francesa, como en el terreno del debate público chileno y americano, labor en que ambos serán secundados decisivamente por su hermano Luis Lagarrigue a partir de la década de 1890. Así, a su paso por Río de Janeiro en 1883, Jorge Lagarrigue decide, con el acuerdo de los jefes de la Iglesia positivista del Brasil, Miguel Lemos y R. Teixiera Mendes, la ruptura definitiva con Pierre Laffitte, la que se formulará en su Circulaire adressée aux positivistes, publicada en Santiago en 1884. En 1883 el programa socio-religioso de la "religión de la humanidad" defendido por los Lagarrigue gana la adhesión de algunos sectores del radicalismo de avanzada (así, los representados por Francisco y Guillermo Puelma Tupper y por Juan Serapio Lois). Coincidiendo con la fundación de la Iglesia positivista de Chile, en 1884, publica Juan Enrique Lagarrigue su obra La Religión de la Humanidad. Ese mismo año, como intervención en el debate público en torno a los proyectos de separación de la Iglesia y el Estado, aparecen los opúsculos de Jorge Lagarrigue Positivismo y Catolicismo, La Asamblea Católica ante la verdadera religión y los artículos de Juan Enrique Lagarrigue sobre La separación de la Iglesia y el Estado.
Una visible extensión de las posiciones progresistas afines a un positivismo más ecléctico, perceptible a lo largo de la década 1882-1892, mantendrá su vigencia en el terreno de los programas políticos de reforma legislativa y constitucional, no menos que en el de los proyectos de ampliación y modernización de los aparatos educativos del Estado docente hasta más acá de la década de 1940. Por su parte, el traslado definitivo de Jorge Lagarrigue a París (1885-1894) operó un afianzamiento de las posiciones comteanas doctrinarias en virtud de la acción propagandística de la Iglesia positivista de Chile, transformada en 1892 en Sociedad Positivista de Chile, cuya actividad más eficaz se prolongó hasta 1949, año en el que falleció uno de sus más decididos impulsores, Luis Lagarrigue. La estrecha vinculación de esa entidad con la Iglesia y Apostolado positivista del Brasil que dirigieron Miguel Lemos y R. Teixeira Mendes, se documenta en las diversas publicaciones y circulares de esos centros, así como en la Correspondencia (1880-1894) entre Jorge Lagarrigue y Miguel Lemos (publicada parcialmente en Brasil en 1954). La acción de Jorge Lagarrigue en París, secundada por los positivistas doctrinarios de Brasil y de Chile, comprende la asunción de la dirección de la Iglesia positivista de París desde 1886, la fundación del Apostolado positivista de París en 1892, la edición de algunas de las obras inéditas de Auguste Comte y la intervención en el debate público que tiene lugar entonces en Francia. A esta actuación corresponderán en Chile las tomas de posición de los comteanos doctrinarios ante la crisis política de 1890, su juicio histórico-moral sobre la guerra de 1879, en la que ven el germen de la descomposición político-moral de la república chilena, y su proposición de una solución pacífica del "conflicto del Norte" (con Perú y Bolivia) a través de la devolución al Perú de las provincias de Tacna y Arica y la cesión a Bolivia de un corredor que le diese acceso al Pacífico. En el preludio de la guerra civil de 1891, Juan Enrique Lagarrigue publica unos opúsculos luminosos: Dictamen positivista sobre el conflicto entre el gobierno y el Congreso, Manifiesto positivista sobre la actual crisis política, Propuesta de solución para la crisis política, en los que la crisis de la república chilena del XIX es enfrentada a los desafíos de la modernización del Estado y la sociedad.
* * *
BIBLIOGRAFIA
Diego Barros Arana, Mi destitución, Santiago, 1873.
José Victorino Lastarria, Recuerdos literarios, Santiago, 1885 [2a. edición].
Domingo Amunátegui Solar, Los primeros años del Instituto Nacional (1813-1835), Santiago, 1889.
Domingo Amunátegui Solar, El Instituto Nacional (1835-1845) Santiago, 1891.
Leopoldo Zea, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica. Del romanticismo al positivismo, El Colegio de México, 1949. [Reeditada con el título El pensamiento latinoamericano, 2 vols., México, Pomarca, 1965].
Arturo Ardao, “Assimilation and transformation of positivism in Latin America”, Journal of History of Ideas, XXIV, Filadelfia, 1963.
Allen Wool, “Positivism and history in nineteenth-century Chile: José V. Lastarria and Valentín Letelier”, Journal of History of Ideas, XXXVII, Filadelfia, 1976.
Stephen L. Fogg, “Positivism in Chile and its impact on education development and economic thought. 1870-1891” (A dissertation, New York University, 1978) [dactilografiada].
Mario Góngora, Estudios de Historia de las Ideas y de Historia Social, Valparaíso, 1980.
Ricardo Krebs et al., Catolicismo y laicismo. Las bases doctrinarias del conflicto entre la Iglesia y el Estado en Chile. 1875-1885, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1981.
Bernardo Subercaseaux, Cultura y sociedad liberal en el siglo XIX. Lastarria, ideología y literatura, Santiago, Aconcagua, 1981.
Bernardo Subercaseaux, Fin de siglo. La época de Balmaceda, Santiago, CENECA / Aconcagua, 1988.
*
Entregado en 1988 a
FLACSO como proyecto de investigación, fue publicado como Documento de Trabajo Nº 22 por el Centro de Investigaciones Sociales de
Universidad ARCIS, Santiago, octubre 1997.